El Parlamento Europeo ha tomado una decisión contundente que pone de relieve la tensión entre innovación tecnológica y protección de datos. La Cámara de la UE ha exigido la desactivación remota de todas las IA de las tabletas y los móviles corporativos de los eurodiputados y su personal. Tras una evaluación informática, el departamento tecnológico de la institución alega no poder garantizar la seguridad de la información procesada por las herramientas de Inteligencia Artificial.
La UE apaga la IA en el Parlamento
Lo peligroso no es consultar chatbots como ChatGPT o Gemini para resolver dudas. La amenaza estaría en las funciones inherentes de la Inteligencia Artificial. Es decir, asistentes de lectura, generadores automáticos de resúmenes web y asistentes virtuales, que funcionan con sistemas en la nube. Esto implica el envío de datos confidenciales a servidores externos, fuera del control de la institución. El correo electrónico interno explica que «estamos valorando el alcance de los datos compartidos con los proveedores de servicios». Hasta que esto se aclare, es más seguro mantener estas funciones desactivadas, añade el mensaje.
Esta prudencia es especialmente relevante en el tenso contexto geopolítico actual. Los instrumentos IA de las grandes tecnológicas estadounidenses están sujetos a la legislación de EEUU, que permite a las autoridades solicitar información sobre usuarios, incluidos los datos almacenados en la nube. Recientemente, el Departamento de Seguridad Nacional ha pedido a los gigantes tecnológicos los datos de las personas críticas con el gobierno de Donald Trump, generando alarma sobre la soberanía de los datos europeos.
Un precedente en ciberseguridad institucional
La decisión del Parlamento Europeo obedece a una tendencia creciente de las instituciones gubernamentales, que cada vez priorizan más la seguridad sobre la comodidad. Hace apenas unas semanas, el director de Agencia de Ciberseguridad de EEUU (CISA) subió documentos gubernamentales internos a ChatGPT, demostrando que el riesgo existe incluso entre los altos cargos especializados en seguridad digital. Si el responsable máximo de ciberseguridad de un país comete este error, hay muchas posibilidades de que un eurodiputado difunda borradores legislativos o información confidencial usando inadecuadamente alguna de estas herramientas de Inteligencia Artificial.
La medida también refleja la aplicación práctica de la Ley IA de la Unión Europea, que establece un marco regulatorio basado en niveles de riesgo y entró en vigor en agosto de 2024. Aunque la prohibición actual es temporal y técnica, demuestra que la Eurocámara aplica consigo misma los mismos baremos de seguridad digital que exige a terceros.
Equilibrio entre soberanía tecnológica y competitividad
Este bloqueo deja a los dispositivos parlamentarios limitados respecto a los estándares de mercado, aunque las herramientas básicas como el correo electrónico y el calendario sigan funcionando. La situación ilustra el dilema estratégico de la UE: impulsar el desarrollo de la IA para no quedarse atrás en la carrera tecnológica global, mientras se ve obligada a vetar soluciones disponibles por falta de garantías de privacidad.
Mientras no existan alternativas con un procesamiento 100% local, ni se implante una soberanía digital europea plenamente funcional, los dispositivos de los eurodiputados tendrán una operatividad reducida. La comunicación interna también extiende el aviso de autoprotección digital a los dispositivos personales, instando a evitar el acceso los archivos de datos institucionales desde equipos privados.
Esta decisión posiciona al Parlamento Europeo como un referente en ciberseguridad parlamentaria, al anteponer la protección de los datos legislativos al uso indiscriminado de la tecnología.
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