El Consejo de la Unión Europea adoptó, el 13 de octubre, una decisión que autoriza a la Comisión Europea y a los Estados miembros a firmar la Convención de las Naciones Unidas contra la ciberdelincuencia. Esta Convención es un tratado internacional que establece normas comunes a nivel mundial para mejorar la cooperación en materia de ciberdelincuencia y el intercambio de pruebas en formato electrónico a efectos de investigaciones o procedimientos penales.
Un aspecto clave es la armonización entre los países participantes de la tipificación penal de ciertos delitos cibernéticos. Esto significa que todos los países se comprometen a tipificar ciertas conductas (por ejemplo, el fraude informático o la interceptación ilegal) como delito en su legislación nacional.
La Convención también impulsará la criminalización de los actos relacionados con el material de abuso sexual infantil en línea, el acoso sexual y la difusión no consentida de imágenes íntimas. Estos delitos ya están tipificados en la Unión Europea, pero aún no a nivel internacional.
Cooperación internacional en ciberdelincuencia
Todos los signatarios de la Convención se comprometen a cooperar para investigar y enjuiciar los delitos tipificados en ella, incluyendo la recopilación e intercambio de pruebas electrónicas. Esto se aplica a los delitos cibernéticos, pero también a delitos graves como la delincuencia organizada internacional, siempre que se castiguen con una pena de prisión de al menos cuatro años.
Además, incluye importantes salvaguardias para prevenir el abuso por parte de los países participantes para cometer o legitimar violaciones de derechos humanos. Queda explícitamente excluida cualquier interpretación que conduzca a la supresión de los derechos humanos o las libertades fundamentales, en particular las libertades de expresión, conciencia, opinión, religión, creencias, reunión pacífica y asociación.
Estas salvaguardias también garantizan que la cooperación internacional pueda denegarse si los países consideran que se está utilizando para cometer violaciones de derechos humanos o si las solicitudes se consideran políticamente motivadas. La cooperación también puede denegarse si esta contraviene la legislación nacional de un país o si la denegación es necesaria para evitar cualquier forma de discriminación.
La Convención se abrirá a la firma el 25 de octubre de 2025 y finalizará el 31 de diciembre de 2026. Entrará en vigor 90 días después del depósito del cuadragésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. Además, la Presidencia de la Unión Europea priorizará la finalización de la correspondiente decisión del Consejo para que la UE y sus Estados miembros concluyan la Convención de las Naciones Unidas sobre la Ciberdelincuencia, con vistas a solicitar la aprobación del Parlamento Europeo.
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