Madrid ha acogido, el 7 y 8 de mayo, el XII Congreso Internacional de Privacidad e Inteligencia Artificial, organizado por la Asociación Profesional Española de Privacidad e Inteligencia Artificial (APEP·IA). Bajo el lema «Gobierno y gestión de la IA y protección de datos. Del cumplimiento a la innovación tecnológica», el congreso ha reunido a más de 400 profesionales del sector para fortalecer el papel de la tecnología y aprovechar su potencial de forma ética, segura y responsable.
En su inauguración participaron Lorenzo Cotino Hueso, presidente de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD); Luis Bermúdez Odriozola, secretario general de Mutua Madrileña; y Miguel Recio, presidente de APEP·IA, que situaron el congreso en el contexto de una transformación sin precedentes para el sector.
La regulación como protagonista
En la primera jornada, el pulso normativo fue el eje y el centro de las cuestiones. En su conferencia inaugural, Cotino abordó los retos específicos que plantea la IA agéntica desde la perspectiva de la protección de datos, defendiendo un enfoque garantista que no renuncie a la innovación responsable.
Además, la directora general de Inteligencia Artificial del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, Aleida Alcalde García, detalló el estado de aplicación del Reglamento de IA en España y avanzó elementos clave del Anteproyecto de Ley para el buen uso y la gobernanza de la IA, que iniciará próximamente su tramitación parlamentaria y que introduce dos novedades relevantes para la Administración General del Estado: el inventario de sistemas de IA y la figura del delegado de IA, inspirada en el ya consolidado delegado de protección de datos.
En este escenario de evolución regulatoria, la sesión sirvió para avanzar algunos de los aspectos del acuerdo alcanzado en el trílogo sobre el paquete Ómnibus de IA, que introduce novedades relevantes, a propuesta española, incorporando sistemas prohibidos a aquellos capaces de generar o manipular imágenes, vídeos o audios realistas (deepfakes) de partes íntimas o que identifiquen a personas en actividades sexuales sin consentimiento expreso del afectado; y aquellos capaces de generar o manipular pornografía infantil. La reforma incluye también la actualización de los plazos de aplicación y la simplificación del registro para sistemas que no sean considerados de alto riesgo.
La dimensión europea del debate se enriqueció con la participación de las asociaciones de privacidad de Francia e Italia, que trasladaron las implicaciones de los paquetes Ómnibus para la práctica diaria de los profesionales del sector.
APEP·IA: las empresas toman el mando
La segunda parte del programa puso el foco en la aplicación práctica de la IA dentro de las organizaciones, con un mensaje que se repitió en distintas mesas y desde distintos ángulos: el verdadero reto no es regulatorio, sino cultural y organizativo.
Andrea Simándi, Assistant General Counsel de Microsoft, reflexionó sobre cómo construir confianza digital en Europa en un momento marcado por la rápida evolución tecnológica y las tensiones geopolíticas, articulando su intervención en torno a los cinco compromisos digitales europeos de la compañía: inversión en el ecosistema europeo de IA y cloud, resiliencia digital, protección de la privacidad, ciberseguridad e impulso a la competitividad.
Ana Regidor, Head of Privacy Regulatory de Amadeus, llevó precisamente la competitivdad al terreno concreto con un modelo de gobernanza construido sobre tres ejes: cumplimiento regulatorio, integración de la IA en productos para clientes y aceleración interna.
La gobernanza de datos también fue el eje de la mesa protagonizada por Ángela Manceñido Fernández, de KPMG; y Pablo Díaz Ortiz, DPO de CaixaBank. El diagnóstico quedó claro: alinear la gestión del riesgo con los objetivos de negocio exige coordinación real entre áreas jurídicas, tecnológicas, de privacidad y negocio, una cooperación que, reconocieron, sigue siendo una asignatura pendiente en muchas organizaciones.
También, la tensión entre cumplimiento e innovación recorrió la mesa con participantes del Grupo Mutua Madrileña, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y TrustWorks. Su conclusión demostró uno de los lugares comunes del sector: los principales frenos a la innovación no son regulatorios, sino culturales y organizativos. Una IA bien diseñada, coincidieron, no solo es compatible con la protección de datos, sino que puede contribuir a reforzarla.
El rol del DPO
La figura del delegado de protección de datos (DPO) adquirió un debate propio. En un entorno cada vez más condicionado por la IA, los participantes coincidieron en que la función del DPO atraviesa un momento de redefinición: el reto consiste en evolucionar hacia modelos de supervisión capaces de garantizar el cumplimiento normativo sin convertirse en un freno para la adopción responsable de la IA dentro de las organizaciones. Una idea que el congreso elevó a conclusión general: el delegado de protección de datos no es una figura de control, sino un actor estratégico e insustituible en el camino hacia una innovación sostenible.
El congreso reservó un espacio para los retos que plantea la IA en las administraciones públicas y en el ámbito laboral. Expertos en derecho laboral debatieron sobre discriminación algorítmica, biometría, neurodatos y los riesgos de las herramientas de IA no autorizadas en las empresas, con una conclusión compartida: la IA en la gestión del talento debe desplegarse de forma justa, transparente y respetuosa con los derechos fundamentales.
El congreso cerró con una mesa sobre transferencias internacionales de datos y usos de IA que abordó los modelos de garantía disponibles cuando intervienen sistemas de IA y las implicaciones del lugar de ejecución de los modelos. Un cierre que ha dejado claro que la gobernanza de la IA no es una opción, sino la condición para una innovación sostenible.
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