El Parlamento Europeo ha hecho oficial la futura llegada de la Ley de Inteligencia Artificial. Una nueva normativa, la primera en el ramo, que abordará aspectos como la ciberseguridad y la privacidad, y que desde hoy ha empezado a negociarse.
El objetivo no es otro que prevenir los riesgos que traiga consigo esta tecnología. De ahí que vaya a fijar una serie de obligaciones a los proveedores y aquellas organizaciones que desplieguen herramientas basadas en Inteligencia Artificial en función del nivel de amenaza que éstas puedan presentar. A raíz de este hecho, los sistemas que clasifiquen a las personas en función de su comportamiento o características quedarán terminantemente prohibidos.
Otras prohibiciones que traerá consigo la Ley de Inteligencia Artificial son las relacionadas con los sistemas de identificación biométrica, los sistemas policiales predictivos, los sistemas de reconocimiento de emociones o el rastreo indiscriminado de imágenes faciales sacadas de Internet o de circuitos cerrados de televisión para crear bases de datos de reconocimiento facial. Este último caso, advierten desde la institución europea, debido a que violan los derechos humanos y el derecho a la intimidad.
Los sistemas de Inteligencia Artificial cuyo objetivo sea influir en los votantes y en el resultado de las elecciones también quedarán prohibidos.
Las obligaciones de la Ley de Inteligencia Artificial
En cuanto a las obligaciones, los proveedores de modelos fundacionales deberán evaluar y mitigar los posibles riesgos de sus soluciones. Ya sean relacionados con la salud, la seguridad, los derechos fundamentales, el medio ambiente, la democracia o el Estado de Derecho. Además, tendrán que registrar sus modelos en la base de datos de la Unión Europea antes de comercializarlos en dicho territorio.
Los sistemas de Inteligencia Artificial generativa basados en esos modelos estarán obligados a cumplir una serie de requisitos de transparencia. Por ejemplo, advertir que el contenido ha sido generado por Inteligencia Artificial. El objetivo no es otro que distinguir deep fakes de contenido verídico. Asimismo, deberán publicarse resúmenes detallados de los datos protegidos por derechos de autor que han sido usados para su desarrollo.
El Parlamento Europeo desea también facilitar la presentación de reclamaciones en caso de que los sistemas de Inteligencia Artificial atenten contra los derechos o presenten un riesgo. De ahí que la Eurocámara haya reformado el papel de la Oficina Europea de Inteligencia Artificial. Una institución cuyo menester principal será supervisar la forma en la que se aplica la nueva Ley de Inteligencia Artificial.
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