La Policía Nacional es uno de los organismos involucrados en todo lo relacionado con ciberdelincuencia y delitos cometidos en la Red. ¿Qué unidades del cuerpo intervienen en esta tarea y cómo se coordinan entre sí?
La lucha contra la ciberdelincuencia es uno de los objetivos estratégicos de la Policía Nacional. Es evidente que una parte significativa de la criminalidad se ha trasladado del espacio físico al virtual, ocupando lugares que años atrás eran impensables.
Existen en la Red delitos que podemos definir como propios del ciberespacio, como ataques informáticos, exfiltración de datos, ransomware, denegaciones de servicio… Pero el abanico es mucho más amplio y heterogéneo: también se cometen estafas, extorsiones, violencia de género, amenazas, coacciones, injurias, calumnias, inducción a todo tipo de delitos, hostigamiento, explotación sexual de menores, etcétera. La lista es amplísima.
Esta enorme variedad de ilícitos exige una respuesta integral de nuestra corporación, tanto a nivel territorial como centralizada, y de distintas especialidades que van desde las unidades de investigación criminal hasta otras especializadas en actividades terroristas.
Una de esas unidades policiales es la Unidad Central de Ciberdelincuencia, que este año cumple su trigésimo aniversario. ¿Cuál es la estructura de la Unidad y cuáles son sus funciones?
En primer lugar, me gustaría aclarar que lo que este año conmemoramos es el 30 aniversario de la formación del primer grupo de investigación de delitos tecnológicos. En 1995 se comenzaron a construir los cimientos de lo que hoy es una sólida estructura policial de lucha contra los ciberdelitos.
Actualmente contamos con una extensa red de unidades de investigación por todas nuestras comunidades autónomas y provincias. La Unidad Central de Ciberdelincuencia es la que se ocupa de las actividades delictivas en las que el uso de las nuevas tecnologías o sistemas de información suponga el instrumento o medio fundamental de comisión y que esté relacionado con el patrimonio, el consumo, la indemnidad del menor, la pornografía infantil, la libertad sexual, el honor, la intimidad, las redes sociales, los fraudes y la propiedad intelectual e industrial; así como con aquellas que atenten contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los sistemas de información y comunicaciones. En ese sentido, se da apoyo y se facilita la coordinación al resto de las unidades territoriales.
Asimismo, tenemos un servicio 24/7 de carácter humanitario que detecta y actúa para evitar conductas autolíticas de algunos usuarios de la Red.
De nuestra Unidad cuelgan, en concreto, tres brigadas. Una de ellas es la Brigada Central de Investigación Tecnológica, a la que le corresponde investigar las actividades delictivas relacionadas con los delitos contra las personas en la Red.
Por su parte, la Brigada de Seguridad Informática se encarga de la persecución de delitos de alta especialización relacionados con ciberataques, creación y distribución de software malicioso, utilización de criptovalores como mecanismo de intercambio monetario en el entorno cibercriminal y delitos contra la propiedad intelectual cometidos mediante la utilización de las nuevas tecnologías.
Y la tercera es la Brigada Central de Fraudes Informáticos. A ella le corresponde la investigación de todas las tipologías delictivas relacionadas con los fraudes cometidos a través de Internet y con el uso de las telecomunicaciones. Aquí se incluyen el ámbito electrónico, los diferentes medios de pago y el fraude bancario y empresarial cuando el uso de las nuevas tecnologías o de sistemas de información suponga el instrumento o medio fundamental para la comisión de las conductas delictivas.
¿Qué características reunía la ciberdelincuencia en los inicios de la Unidad y, a grandes rasgos, cómo ha evolucionado durante estos 30 años?
Desde los años noventa, los accesos indebidos, los virus rudimentarios o los primeros «piratas informáticos» que se probaban intentando vulnerar las endebles barreras de seguridad de los sistemas de la época se han transformado, derivando en no pocas ocasiones en complejas estructuras criminales transnacionales. Eran tiempos en que muy pocos tenían los conocimientos informáticos. Por no haber, no había ni conciencia de que desde el incipiente espacio virtual podíamos ser atacados o estafados.
La llegada masiva de la banda ancha revolucionó la experiencia en línea, por no mencionar la implosión que generó la generalización de los terminales telefónicos inteligentes y sus aplicaciones.
Pero si hay una palabra que define la evolución del ciberdelito es ‘exponencial’. En los últimos siete años hablamos de incrementos anuales entre el 25 y el 35 por ciento del número de denuncias presentadas en España, estando casi el 90 por ciento del total relacionadas con fraudes informáticos.
En sus comienzos, los ciberdelitos eran cometidos por individuos sin una estructura delictiva de apoyo. Como mucho, eran pequeños grupos cuya motivación principal era el desafío técnico-intelectual, crearse un nombre dentro de su comunidad. El objetivo era la exhibición de habilidades técnicas, mientras que el ánimo de lucro era una motivación apenas relevante.
El cibercrimen actual ha construido fuertes estructuras delictivas con modelos de negocio muy definidos. Se ha pasado de una actividad individual motivada, en ocasiones, por la mera curiosidad, a organizaciones criminales que persiguen el lucro económico o la desestabilización social, que pueden destruir empresas o poner en graves aprietos a algunos Estados.
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